Excepción del Aislamiento Social para personas con discapacidad

A través de la Resolución 77/2020 publicada en el Boletín Oficial el día 13 de abril, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) otorga permiso para circular fuera de sus viviendas a las personas con discapacidad y a los profesionales cuyo trabajo sea imprescindible para su rehabilitación y acompañamiento.

 

 

El organismo sugiere la salida en casos absolutamente indispensables. De este modo, las PcD forman parte del grupo de personas exceptuadas del cumplimiento del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio.

La Agencia Nacional de Discapacidad mediante resolución 77/2020, de acuerdo con la Resolución Administrativa 490/2020 decretada por el Ejecutivo Nacional, regula tanto las prestaciones profesionales como la circulación de las personas con discapacidad.

 

 

 

Tips para tener en cuenta según la Resolución 77/2020

 

 

- Que las salidas sean imprescindibles.

- Con único acompañante (familiar, o profesional de la salud).

- Portar DNI y Certificado Único de Discapacidad (papel o digital).

- Las salidas deben ser breves, en un rango menor a 500 metros de su residencia.

- Quedan excluidas de este permiso las personas que presenten síntomas compatibles con coronavirus, o bien pertenezcan a grupos de riesgo: mayores de 60 años; que tengan enfermedades respiratorias crónicas, afecciones cardíacas, inmunodeficiencias, diabetes, insuficiencia renal crónica en diálisis o con expectativas de ingresar a diálisis en los siguientes seis meses, y embarazadas.

- Cronograma de salidas según la terminación del DNI: lunes, miércoles y viernes podrán salir aquellas PcD cuyo DNI finalice en 1, 2, 3, 4 y 5. martes, jueves, y sábados podrán salir aquellas PcD cuyo DNI finalice en 6, 7, 8, 9 y 0.

 

 

 

Profesionales de rehabilitación

 

 

Esta normativa alcanza a las prestaciones profesionales a domicilio, consideradas servicios esenciales, permitiendo su desarrollo siempre y cuando sean imprescindibles, (Ejemplo: psicomotricista con un niño muy pequeño o un kinesiólogo en un proceso de rehabilitación), es decir que el contacto físico con el paciente sea necesario.

 

Los prestadores deben tramitar el CUC (Certificado único de Circulación) a través de https://tramitesadistancia.gob.ar/ y una fotocopia del DNI de la persona con discapacidad, donde conste su domicilio actual donde es atendido.

 

 

 

Videoasistencia

 

 

Para que se pueda acreditar correctamente este tipo de prestaciones, existe una documentación respaldatoria de prestación por teleasistencia. Es decir, así como los padres, o persona a cargo, firman una planilla de asistencia acreditando los servicios presenciales, en este caso, una vez autorizada por los agentes de salud, se solicita a los prestadores que anexen un certificado de la PcD en tratamiento o que la persona a cargo dé el consentimiento de la realización del tratamiento por telemedicina. Se exige que el prestador emita un informe sobre cómo se desarrolló esa prestación. Además, el profesional debe presentar una declaración jurada que conste días y horas de atención, con su firma, sello y matrícula.

 

La Resolución 308/2020 establece la posibilidad de que estas prestaciones que brindan asistencia sean a través de teleconsulta. A su vez exige a las empresas de medicina privada y obras sociales que faciliten una plataforma, Zoom, Jitsi, Whats App, Skype, por ejemplo, que permita a los prestadores atender a los beneficiarios. Si bien se señala que en los hechos no está aplicada, cada prestador implementa la vía particular de atender a su paciente.

 

La directora de la Sala de Discapacidad del Colegio de Abogados de Córdoba, Valeria Melacrino, miembro también del equipo de Asesores Legales de Por Igual Más, explicó que “La resolución 308/2020 habla de tecnologías adecuadas que garanticen las prestaciones, siempre resguardando la privacidad de las partes”.

 

 

 

Resolución 308/2020

 

 

Respecto a los puntos de la Resolución 308/2020: “lo que va a ser reintegrado es en base a lo que las obras sociales y empresas de medicina prepagas, e indica forma y modalidad de presentación de la documentación para tal fin. Pero la limitación en cuanto a la "cantidad" de prestaciones que pueden presentar para ese reintegro las obras sociales y prepagas a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), no puede entenderse como una limitación oponible a las PcD”.

 

La Dra. Valeria Melacrino aclara que esta normativa no afecta a los beneficiarios “porque han sido indicadas (las prestaciones) por un médico tratante, para la rehabilitación o habilitación de la persona con discapacidad, ello de acuerdo a un plan o tratamiento indicado para el año en curso, y dicho tratamiento prescrito no puede verse modificado por una cuestión de base netamente económica, pese a la lamentable situación de emergencia económica que atraviesa nuestro país”.

Entonces, ante la pregunta sobre quién está obligado a cubrir la prestación de salud que la persona con discapacidad necesita, reconoce que la obra social o la empresa de medicina privada lo será, independientemente de que desde la SSS a través del mecanismo de integración, puedan recuperar el 50%, 30%, etc. de las sesiones que efectivamente necesita recibir la PcD.

La Resolución 308/2020 de la Superintendencia está conformada por un anexo que hace referencia a las prestaciones durante el aislamiento social.

Según Valeria Melacrino, esta resolución es como una conversación entre la Superintendencia de Servicios de Salud, las obras sociales y las empresas de medicina privada, al establecer un mecanismo para que estas últimas obtengan un reintegro del 100% de lo que gastan o pagan en discapacidad. Se esclarece, por otro lado, que el recorte no es oponible a las personas que necesitan su tratamiento.

Lejos de afectar a los beneficiarios, este Decreto explica cómo las obras sociales y prepagas tienen que presentar las carpetas para que la SSS apliquen el reintegro.

En virtud al recorte presupuestario del Estado a raíz de la contingencia económica del COVID-19, la Superintendencia ha limitado la cantidad de módulos, horas de atención, de sesiones que se reintegrarán 100% a los prestadores de salud.

“De ninguna manera este recorte puede ser oponible a las personas, de hecho, en el anexo se hace mención de que los tratamientos que se encuentran en curso son en base a los pedidos médicos que se presentan oportunamente. Estas mismas carpetas se mantienen vigentes durante este período, debido a que no se puede modificar la situación médica de las personas a causa de la situación actual de emergencia económica del Estado”, remarca la abogada.

Por su parte desde la Sala de Estudio de Derecho a la Discapacidad del Colegio de Abogados de Córdoba, dentro de la información brindada en la Circular publicada con fecha 07/04/2020, indican que aquellos certificados de discapacidad, con vencimiento desde el 20 de marzo, tendrán una prórroga automática de 90 días corridos, mientras a los certificados con fecha de vencimiento dentro de los 30 días anteriores al 20 de marzo se les prolonga 120 días más de vigencia. Reconocen además que la receta virtual es una herramienta que en tiempos de aislamiento social protege a las PcD de un riesgo de transmisión del virus por una exposición innecesaria.

 

Fuente: Ab. Valeria Melacrino

Redacción: Claudio Lencina

Edición: Miriam Coronel

Equipo de Fundación Por igual Más


Article Tags: #personas con discapacidad #Aislamiento Social #Preventivo y Obligatorio #Resolución 77/2020
Share     Report     Print Article
0 comments
  • Pais Argentina
  • Provincia/Estado Córdoba
  • Ciudad/Localidad Capital
  • Tipo Discapacidad No especificada